- Nuevamente se confirma que no es razonable que la Asamblea Legislativa, regule un tema que está armonizado a nivel regional, e incluso, que actualmente está siendo conocido por el organismo competente de la integración centroamericana, que es el Consejo de ministros de Economía de la región. (COMIECO).
- Proyecto de ley N°23.861, contemplaba multas millonarias entre tres y diez salarios mínimos, uso de la Fuerza Pública para ingresar a plantas de producción, comercios y pulperías, así como la suspensión de permisos, registros sanitarios y licencias comerciales.
San José, 20 de febrero de 2025. Como una bocanada de aire fresco, que se caracterizó por la sensibilidad hacia la realidad de la micro y pequeña empresa, como un rechazo contundente a la idea de un estado que persigue y sanciona de manera desequilibrada a la industria y al comercio nacional y como un sensato llamado al respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica del comercio regional, del cual dependen miles de empleos nacionales. De esta manera calificaron un grupo de organizaciones empresariales el apoyo de las diputadas María Marta Padilla (independiente), Daniela Rojas (PUSC), Katherine Moreira (PLN) y del diputado Yonder Salas (Nueva República), para que esta iniciativa de ley se archivara y no continuara su discusión en el seno de la Asamblea Legislativa.
Para Maritza Hernández, Presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), el archivo del Expediente es una señal positiva para la industria y empresarios nacionales que cumplen hoy con un etiquetado que está armonizado con la región centroamericana y que proporciona información útil para el consumidor. Ha sido muy importante la apertura de espacios colaborativos y de diálogo facilitados por diputados que conocieron la iniciativa. Es realmente valioso conversar con congresistas que aprecian el valor de la empresa privada y equilibran todas las sensibilidades, especialmente cuando hablamos de iniciativas que pueden generar impactos en muchas dimensiones, en un país que avanza en materia de mejora regulatoria, consolidación de mercados y creación de más empresas, como herramienta poderosa para la generación de más y mejores puestos de trabajo.
Según Juan Ignacio Pérez, Presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria
(CACIA), las conclusiones planteadas por las Diputadas Padilla y Rojas, generan optimismo en la
industria, pues todos compartimos la importancia de que existan mecanismos de promoción de la educación y la información nutricional de los alimentos, no obstante, han sido contundentes al señalar, que las propuestas y las formas expuestas por la iniciativa de ley 23.861 recientemente archivado, no era el más adecuado, puesto que propinan un golpe fuerte de regulación excesiva y poco razonable al sistema de producción.
Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), destacó la sensibilidad mostrada por las diputadas Moreira, Padilla y el diputado Salas a lo largo del proceso de discusión, sobre el impacto que esta iniciativa de ley tendría en las micro y pequeñas empresas. Estas representan más del 95% del parque empresarial industrial en Costa Rica y serían las más afectadas por la propuesta. Además, el proyecto no hubiera generado cambios en los hábitos de consumo de las personas, por lo que la afectación a las empresas que generan empleo en el país hubiera sido desproporcionado e innecesario: “La CICR reafirma su compromiso con un etiquetado informativo, técnico y armonizado a nivel regional, que garantice transparencia al consumidor, sin recurrir a alertas que persuadan en lugar de informar, y sin comprometer la competitividad del sector alimentario nacional y las PYMES costarricenses. El sector alimentario es fundamental en la industria manufacturera del país, cuyo mercado principal es Centroamérica. Tener normativas de etiquetado
desarmonizadas en Centroamérica implicaría elevar los costos para las empresas en detrimento de su
competitividad y el funcionamiento del mercado”, añadió el señor Capón.
Para Victor Pérez, Presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), se
debe reconocer el trabajo de los congresistas en la defensa del principio de armonización de la
reglamentación técnica centroamericana, principio que se veía comprometido por esta iniciativa de ley. Este principio es clave para el modelo agroindustrial exportador de Costa Rica, considerando que más del 50% de las exportaciones de nuestra industria alimentaria van hacia Centroamérica. En este sentido, los diputados han dejado claro que el proceso de construcción de una normativa de este tipo debe ser armonizada regionalmente, siendo este un proceso que ya se encuentra en manos del Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, donde el gobierno de Costa Rica ya ha enviado una propuesta, que se encuentra en revisión.
Para el señor Gerardo Araya, Presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas,
debemos reconocer la enorme sensibilidad de las Diputadas Katherine Moreira, María Marta Padilla, Daniela Rojas y el Diputado Yonder Salas, quienes de manera valiente siempre manifestaron su preocupación por la incorporación de un estilo de regulación que pondría a gran parte del estado costarricense a perseguir a los micro y pequeños comerciantes a lo largo y ancho del territorio nacional, con un capítulo de sanciones cargado de multas millonarias, cierre de negocios, cancelación de permisos de funcionamiento o cancelación de registros sanitarios, entre otros.
El empresario Arturo Rosabal, Presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, destacó
que la postura responsable de los diputados y sus equipos técnicos, al analizar a fondo los impactos económicos y jurídicos negativos, permitió que quienes se opusieron a la iniciativa tomaran una decisión firme y fundamentada.
Para el señor Oscar Arias Moreira, Presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria, es importante reconocer en los diputados, su orientación a evitar que el sector
agroalimentario sea afectado con tipos de regulaciones que crean prejuicios y temores hacia los
alimentos y sus nutrientes, todos provenientes del agro. Ese es un abordaje equivocado y concordamos en que debemos apuntar hacia la educación y la información positiva, apartados de sesgos y desinformación.
La agricultura, la industria, el comercio y el sector exportador concuerdan con los diputados que han conocido la iniciativa, en que hay formas diferentes de regular esta materia, sin perjudicar a la empresa privada que genera miles de empleos. Para el sector empresarial nacional siempre ha privado el interés de que las regulaciones que se emitan desde autoridades públicas, se basen en principios fundamentales como la evidencia científica independiente y la seguridad jurídica, que asegura el sano desarrollo de la actividad productiva de nuestra industria. Los diferentes gremios del sector privado que adversaban el proyecto, fueron enfáticos en explicar que la materia de reglamentos técnicos sobre etiquetados de alimentos, generales y nutricionales, por disposición de tratados regionales e internacionales, desde los años sesenta, es competencia de las instituciones creadas por el derecho comunitario.